Urge bono social para el consumidor vulnerable
El pasado mes de febrero se conoció la noticia de que el Tribunal Supremo había declarado nula la manera en la que se financiaba el bono social en España. La Organización de Consumidores, por su parte, pidió encarecidamente que esta decisión no afectara a que siguiera aplicándose.
Muchas familias en riesgo de exclusión social se ven obligadas, incluso, a pedir préstamos para poder llegar a fin de mes y hacer frente a la factura de la luz. Esa es la razón principal por la que se requieren medidas urgentes que garanticen una cobertura a los más vulnerables.
Regulación de la financiación
Lo que se le pide al Tribunal Supremo es que su pronunciamiento no afecte a que pueda ofrecerse el bono social en la factura de la electricidad para los consumidores más débiles económicamente. Esto se requiere con independencia de que este sistema de financiación se haya considerado inaplicable.
El Real Decreto Ley 7/2016 de 23 de diciembre es el que regulaba la financiación que se ha anulado. Este decidía su coste a las comercializadoras para repartirlo en proporción a la cantidad de clientes de la empresa. Otros participantes, como por ejemplo las distribuidoras, estaban fuera de esta obligación.
La sentencia está basada en lo que dice el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Su jurisprudencia indica que el servicio público está obligado a imponerse a las compañías eléctricas con el bono social con carácter general y no solo en algunas concretas.
Sin diferencia de trato
De hecho, no puede existir diferencia de trato alguna entre las distintas compañías eléctricas y, si se detectaran, habría que justificarlas. El Tribunal indica que, si un estado miembro quisiera que esta obligatoriedad solo se aplicara en algunas empresas, tendría que ser un órgano jurisdiccional quien decidiera quien está exenta.
El Supremo ha dejado claro que la financiación contradice a la Directiva 2009/72/CE (artículo 3.2). Además, matiza que no hay objetividad y discrimina a las empresas que asumen el coste. A estas se les devolverán los costes ya pagados al aplicarse un sistema anulado.
Algunas comercializadoras de electricidad estuvieron cobrando cuotas mensuales durante la aplicación del bono social y deben proceder a la devolución de este si el Estado les devolviera a ellas las cantidades pagadas. El Supremo considera que la legislación española contradice a la europea en este tema de financiación.
Qué es el bono social
El bono social es una tarifa reducida dirigida a todas aquellas personas vulnerables que tienen problemas económicos para pagar la factura de la electricidad. Aunque le quede mucho por pulir y mejorar, de momento, es la mejor opción para todos aquellos que cumplan con los requisitos.
Estos requisitos se basan en la potencia contratada, que tiene que ser menos de 10 kW y estar en PVPC (tarifa regulada), y del IPREM. Este, a su vez, cambiará en función de si hay menores y cuántos en la unidad familiar, así como personas dependientes, víctimas de la violencia de género, el terrorismo o con discapacidad del 33% mínimo.