Los arrendadores asumen el coste de la vivienda
El año 2023 terminó en España con serias dificultades para alquilar una casa y 2023 no ha mejorado la situación ni por asomo. La limitación de precios, los problemas para recuperar una casa en caso de ocupación y las dificultades para acceder a una vivienda digna a un precio asequible hacen que la situación empiece a ser dramática.
De hecho, en lo que va de año empieza a ser habitual recurrir a los créditos al consumo algún mes para pagar mensualidades de la renta. Falta vivienda social y la responsabilidad es del Gobierno, no de los propietarios que ofrecen su casa al alquilar (pequeños tenedores).
Nueva Ley de Vivienda
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios han querido lanzar un mensaje para dejar clara la necesidad de tomar medidas al respecto. La nueva Ley de la Vivienda vuelca la responsabilidad en el pequeño propietario, ya sea por la falta de casas como por el precio del alquiler.
Alquilar una vivienda a otra persona va acompañado de una contraprestación y garantía para el propietario, más aún si va acompañada de la dejadez de los poderes públicos. La OCU recuerda la sentencia 28/02/2019 del Tribunal Constitucional donde señala la obligación del Estado para que los españoles tengan una vivienda digna.
Sin embargo, la vivienda pública en alquiler (vivienda social) escasea y no hay proyectos en construcción que parezcan resolver la situación a corto plazo. Últimamente todo parece recaer en los propietarios, quienes no se ven respaldados jurídicamente a la hora de poner sus casas en alquiler.
Falta vivienda social
Aunque la nueva ley está a favor del alquiler, el hecho de que no tener construcciones en desarrollo imposibilita la efectividad del plan hasta de dentro de bastantes años. Hoy en día, el parque público nacional tiene 290.000 viviendas repartidas entre comunidades autónomas (180.000) y ayuntamientos (110.000).
Estos datos corresponden al Boletín Especial de Vivienda Social que publicó el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en el año 2019. Los datos siguen siendo los mismos y solo ofrece cobertura a un 1,6% de los ciudadanos. Cabe señalar que la media europea se sitúa en el 9,3%.
Para solucionar la escasez de vivienda, sería necesario multiplicar por 5 el número de casas en alquiler. Entre las posibles opciones están las concesiones de suelo público para edificar, la adquisición de viviendas vacías o las ayudas directas para quienes más lo necesiten puedan alquilar una casa.
El propietario, desprotegido
En cuanto a la seguridad jurídica del propietario, desde la OCU piensan que limitar el precio del alquiler como se ha hecho, solo hace que los dueños de las viviendas asuman las consecuencias de la falta de estas. Pese a que pueda ser una medida resolutiva a corto plazo, no lo será a la larga.
No hay que olvidar que la mayoría de los arrendadores (pequeños tenedores) dependen del ingreso de alquiler en su económica doméstica y con él pagan la hipoteca de la vivienda en alquiler. Un 44% de los propietarios ha declarado tener ingresos anuales por debajo de los 21.000 €.
La amenaza de la “inkiocupación”
La inkiocupación es un término que cobra fuerza desde que se agudizaran los problemas de vivienda en España. Este fenómeno, consistente en que el inquilino deje de pagar el alquiler, hace que haya poca oferta, los precios no se equilibren nunca y la escasez de viviendas disponibles sea un problema crónico como pasó en décadas pasadas.
El aumento de vivienda social y la construcción pública/privada es la única
solución para crear un equilibrio de precios. Además, es necesario un marco jurídico para que los propietarios puedan cobrar sus alquileres cada mes, así como recuperar la casa en caso de impagos u ocupación.
La falta de acuerdo entre los partidos político tampoco ayuda. El problema que tiene España con la vivienda es, en estos momentos, una cuestión de Estado y debería resolverse como tal con acuerdos y soluciones entre los partidos, propietarios y todos los agentes implicados.